Registro Oficial

REGISTRO OFICIAL: ACUERDO Nro. MERNNR-MERNNR-2020-0054-AM

registro oficial 2021

ING. RENÉ ORTIZ DURÁN

MINISTRO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES CONSIDERANDO:

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Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador señala en su tercer inciso que “Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”;

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 154 numeral 1 dispone que: «A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en  la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su   cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión […]»;

 

Que, el artículo 82 de la Carta Magna señala que “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”;

 

Que, el numeral 11 del artículo 261 de la norma ibídem indica que: «El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: […] Los recursos energéticos; minerales […]»;

 

Que, el artículo 313 de la Carta Fundamental dispone que el Estado se reserva “el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia [¼] los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social” y concluye que se “consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley”;

 

Que, el artículo 317 de la Constitución de la República del Ecuador señala que: “Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico”.

 

Que, el artículo 408 de la Constitución de la República del Ecuador prevé que “son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado, entre otros, los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, los cuales podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución”;

 

Que, el primer inciso del artículo 22 del Código Orgánico Administrativo señala en cuanto al principio de seguridad jurídica y confianza legítima que “Las administraciones públicas actuarán bajo los criterios de certeza y previsibilidad”;

 

Que,  el artículo 31 del Código Orgánico Administrativo establece que “Las personas  son titulares del derecho a la buena administración pública, que se concreta en la aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales, la ley y este Código”;

 

Que, el artículo 35 del Código Orgánico Administrativo dispone que “Los servidores públicos responsables de la atención a las personas, del impulso de los procedimientos o de la resolución de los asuntos, adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de las personas”;

 

Que, el artículo 42 del Código Orgánico Administrativo señala  que  “El  presente Código se aplicará en: 1. La relación jurídico administrativa entre las personas y las administraciones públicas; 2. La actividad jurídica de las administraciones públicas; 3. Las bases comunes a todo procedimiento administrativo; 4. El procedimiento administrativo; 5. La impugnación de los actos administrativos en vía administrativa; 6. La responsabilidad extracontractual del Estado; 7. Los procedimientos administrativos especiales para el ejercicio de la potestad sancionadora; 8. La impugnación de los procedimientos disciplinarios salvo aquellos que estén regulados bajo su propia normativa y apliquen subsidiariamente este Código; y, 9. La ejecución coactiva. Para la impugnación de actos administrativos, en vía administrativa y, para el procedimiento coactivo, se aplicarán únicamente las normas previstas en este Código”.

 

Que, el artículo 43 del Código Orgánico Administrativo en cuanto al Ámbito subjetivo señala que “El presente Código es de aplicación a los órganos y entidades que integran el sector público, de conformidad con la Constitución. En el caso de empresas públicas, se aplicarán las disposiciones de este Código en lo que no afecte a las normas especiales que las rigen. Cuando en este Código se hace referencia a los términos administración o administraciones públicas se identifica a los órganos y entidades públicos comprendidos en su ámbito de aplicación. Cuando en este Código se utiliza el término persona, además de referirse a las personas naturales, nacionales o extranjeras, se emplea para  identificar a las personas jurídicas, públicas o privadas y a aquellos entes que, aunque carentes de personalidad jurídica, el ordenamiento jurídico les otorga derechos y obligaciones con respecto a la administración, tales como, comunidades de personas o bienes, herencias yacentes, unidades económicas o patrimonios independientes o, en general, universalidades de hecho o de derecho, entre otros”;

 

Que, el artículo 47 del Código Orgánico Administrativo en relación a la Representación legal de las administraciones públicas dispone que “La máxima autoridad administrativa de la correspondiente entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente previstos en la ley”;

 

Que, el artículo 98 del Código Orgánico Administrativo estipula que el “Acto administrativo es la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la

 

función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo”;

 

Que, el artículo 100 del Código Orgánico Administrativo establece la Motivación del  acto administrativo mandando que “se observará: 1. El señalamiento de la norma  jurídica o principios jurídicos aplicables y la determinación de su alcance; 2. La calificación de los hechos relevantes para la adopción de la decisión, sobre la base de la evidencia que conste en el expediente administrativo; 3. La explicación de la pertinencia del régimen jurídico invocado en relación con los hechos determinados. Se puede hacer remisión a otros documentos, siempre que la referencia se incorpore al texto del acto administrativo y conste en el expediente al que haya tenido acceso la persona interesada. Si la decisión que contiene el acto administrativo no se deriva del procedimiento o no se desprende lógicamente de los fundamentos expuestos, se entenderá que no ha sido motivado”;

 

Que, el artículo 101 del Código Orgánico Administrativo define a la Eficacia del acto administrativo señalando que “El acto administrativo será eficaz una vez notificado al administrado. La ejecución del acto administrativo sin cumplir con la notificación constituirá, para efectos de la responsabilidad de los servidores públicos, un hecho administrativo viciado”;

 

Que,   el artículo 6 de la Ley de Minería acerca del Ministerio Sectorial señala: «[…] es   el órgano rector y planificador del sector minero. A dicho órgano le corresponde la aplicación de políticas, directrices y planes aplicables en las áreas correspondientes para el desarrollo del sector, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley, sus reglamentos y los planes de desarrollo que se establezcan a nivel nacional»;

 

Que, el artículo 7 de la Ley de Minería, en cuanto a las Competencias del Ministerio Sectorial, señala que le corresponde al Ministerio Sectorial, en las funciones del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables “a. El ejercicio de la rectoría de las políticas públicas del área geológico-minera, la expedición de los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión; y, k. Las demás establecidas en las leyes y decretos ejecutivos vigentes, así como en el reglamento de esta ley”;

 

Que, el artículo 17 de la Ley de Minería señala que “Por  derechos  mineros  se  entienden aquellos que emanan tanto de los títulos de concesiones mineras, contratos de explotación minera, licencias y permisos, como de las autorizaciones para instalar y operar plantas de beneficio, fundición y refinación, y de las licencias de comercialización”;

 

Que, el artículo 26 de la Ley de Minería establece que “Para ejecutar las actividades mineras se requieren, de manera obligatoria, actos administrativos motivados y favorables otorgados previamente por las siguientes instituciones dentro del ámbito de sus respectivas competencias: a) Del Ministerio del Ambiente, la respectiva licencia ambiental debidamente otorgada; y, b) De la Autoridad Única del Agua, respecto de la eventual afectación a cuerpos de agua superficial y/o subterránea y del cumplimiento al orden de prelación sobre el derecho al acceso al agua.[¼]”;

 

Que, de conformidad con el artículo 27, literal b), de la Ley de Minería, la Fase de Exploración Minera, consiste en “[¼] la determinación del tamaño y forma del yacimiento, así como del contenido y calidad del mineral en él existente. La exploración podrá ser inicial o avanzada e incluye también la evaluación económica del yacimiento, su factibilidad técnica y el diseño de su explotación [¼]”;

 

Que, el artículo 30 de la Ley de Minería señala  que  “El  Estado  podrá  excepcionalmente delegar la participación en el sector minero a través de las concesiones. La concesión minera es un acto administrativo que otorga un título minero, sobre el cual el titular tiene un derecho personal, que es transferible previa la  calificación obligatoria de la idoneidad del cesionario de los derechos mineros por parte del Ministerio Sectorial, y sobre éste se podrán establecer prendas, cesiones en garantía  y otras garantías previstas en las leyes, de acuerdo con las prescripciones y requisitos contemplados en la presente ley y su reglamento general [¼]”

 

Que, el último inciso del artículo 36 de la Ley de Minería, indica que “La concesión minera se dividirá en una etapa de exploración y una etapa de explotación. A su vez, en  la etapa de exploración se distinguirán el período de exploración inicial, el período de exploración avanzada y el período de evaluación económica integral del yacimiento. Qué incorporará los minerales principales, secundarios y otros que tengan  valor  económico”;

 

Que, el primer inciso del artículo 37 de la Ley de Minería determina que “Una vez otorgada la concesión minera, su titular deberá realizar labores de exploración en el área de la concesión por un plazo de hasta cuatro años, lo que constituirá el período de exploración inicial.”;

 

Que, con Acuerdo Ministerial No. 2015-048 de 30 de octubre de 2015, publicado en el Registro Oficial No. 637 de 27 de noviembre de 2015, el Ministro de Minería expidió el INSTRUCTIVO PARA LAS ETAPAS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS CONCESIONES MINERAS, NEGOCIACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN MINERA;

 

Que, es necesario que el Ministerio Sectorial en cumplimiento de los principios de eficiencia, confianza legítima y seguridad jurídica, estipulados en el Código Orgánico Administrativo, garantice a los concesionarios mineros certeza respecto del tiempo efectivo de duración de cada uno de los períodos de la etapa de exploración y del inicio  de los mismos, de manera que el concesionario pueda cumplir con las labores de exploración en un plazo determinado mediante un acto administrativo legalmente expedido por el Ministerio Sectorial;

 

Que, es necesario reformar determinadas disposiciones con la finalidad de promover el aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos mineros en beneficio de los  intereses del Estado, garantizando las condiciones necesarias para el efectivo cumplimiento de las obligaciones mineras, de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Minería y su Reglamento General;

 

Que, mediante memorando No. MERNNR-DMIEE-2020-0066-ME de 26 de noviembre de 2020, la Dirección de Minería Industrial en Etapa de Exploración presentó a la

 

Subsecretaría de Minería Industrial la “Propuesta de Reforma al Instructivo para las Etapas de Exploración y Explotación de las Concesiones Mineras, Negociación y Suscripción de los Contratos de Explotación Minera”, acompañada del informe No. SMI-DMIEE-2020-1101-I de 24 de noviembre de 2020; denominado “INFORME TÉCNICO DEL INICIO DEL PLAZO PARA EL PERIODO DE EXPLORACIÓN

INICIAL”, a fin de establecer de manera clara y apegada a la Ley de Minería y demás normativa pertinente, los parámetros y procedimientos para definir el acto administrativo que marcará el inicio del periodo de exploración inicial;

 

Que, en el referido Informe No. SMI-DMIEE-2020-1101-I de 24 de noviembre de 2020, la Dirección de Minería Industrial en Etapa de Exploración y la Subsecretaría de Minería Industrial, concluyen que: “La normativa minera vigente no establece con claridad un acto administrativo con el cual el Ministerio Sectorial determine el inicio del plazo para el periodo de exploración inicial.- Es necesario contar con una normativa que defina con precisión el acto administrativo que dé inicio al plazo para el periodo de exploración inicial.- Se debe armonizar con la normativa ambiental vigente el número de plataformas para perforación de sondeos de prueba o reconocimiento permitidas en una concesión minera.- Es pertinente incluir a la explotación como una actividad inherente de un proyecto minero”;

 

Que, memorando No. MERNNR-SMI-2020-0174-ME de 26 de noviembre de 2020, la Subsecretaría de Minería Industrial remitió al Viceministerio de Minas (E), la “Propuesta de Reforma al Instructivo para las Etapas de Exploración y Explotación de las Concesiones Mineras, Negociación y Suscripción de los Contratos de Explotación Minera” acompañado del “Informe Técnico de Procedencia de la Reforma del Instructivo para las Etapas de Exploración y Explotación de las Concesiones Mineras, Negociación y Suscripción de los Contratos de Explotación Minera”, emitiendo el correspondiente CRITERIO TÉCNICO FAVORABLE; resultado del trabajo técnico llevado a cabo por dicha Unidad Administrativa;

 

Que,  a través de memorando No. MERNNR-VM-2020-0225-ME de 29 de noviembre   de 2020, el Viceministro de Minas (E) en uso de sus facultades y atribuciones, aprueba el proyecto de “Propuesta de Reforma al Instructivo para las Etapas de Exploración y Explotación de las Concesiones Mineras, Negociación y Suscripción de los Contratos de Explotación Minera”; y, solicita al Coordinador General Jurídico emita Criterio Jurídico favorable para la suscripción del referido proyecto de Instructivo, con base a la documentación e informe adjuntos a dicho memorando;

 

Que, mediante memorando No. MERNNR-DJM-2020-0184-ME de 03 de diciembre de 2020, el Director Jurídico de Minería (E), emitió Informe Jurídico Favorable de la propuesta de reforma al «Instructivo Para las Etapas de Exploración y Explotación de las Concesiones Mineras, Negociación y Suscripción de los Contratos de Explotación Minera”;

 

Que, el señor Coordinador General Jurídico mediante memorando No.  MERNNR-COGEJ-2020-0660-ME de 03 de diciembre de 2020, pone en conocimiento del señor Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables el contenido del Informe Favorable remitido por el señor Director Jurídico de Minería (E), en cuanto a la Propuesta de Reforma normativa al “Instructivo para las Etapas de Exploración y

 

Explotación de las Concesiones Mineras, Negociación y Suscripción de los contratos de explotación minera”, emitiendo su criterio jurídico favorable para continuar con el trámite de rigor;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1014 de 9 de marzo de 2020, el Señor Presidente de la República del Ecuador designa al ingeniero René Ortiz Durán como Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables;

 

Que, es oportuno, pertinente y necesario emitir una reforma normativa al “Instructivo para las Etapas de Exploración y Explotación de las Concesiones Mineras, Negociación y Suscripción de los contratos de explotación minera”;

 

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; los artículos 3, 69 y 71 del Código Orgánico Administrativo; el artículo 1 y el literal a) del artículo 7 de la Ley de Minería; y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

 

 

ACUERDA

 

REFORMAR EL INSTRUCTIVO PARA LAS ETAPAS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS CONCESIONES MINERAS, NEGOCIACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN MINERA

 

Artículo 1.– Sustitúyase el literal e) del artículo 2, por el siguiente:

 

“e) Proyecto Minero: Se considera proyecto minero el área de una o más concesiones mineras contiguas, de un mismo titular, que tiene por objeto la realización de actividades tendientes al descubrimiento, valoración, cuantificación y explotación de un yacimiento; y, que por razones técnicas, operativas y de características propias del depósito mineral, realizan un conjunto de operaciones, trabajos y labores mineras destinadas a la preparación y desarrollo del yacimiento, y a la extracción y transporte de los minerales.

 

En concordancia con el artículo 39 de la Ley de Minería, el proyecto minero en fase de explotación no podrá tener más de 5000 hectáreas, sin perjuicio de tener uno o más proyectos en exploración o desarrollo; y,”

 

Artículo 2.– Sustitúyase el artículo 3, por el siguiente:

 

“Artículo 3.- Período de Exploración Inicial.- Se considera exploración inicial al periodo destinado a la recolección manual de muestras de rocas, suelos y sedimentos fluviales, toma de datos por métodos geofísicos, apertura de trochas, trincheras, pozos exploratorios, sondeos de prueba o reconocimiento y demás actividades permitidas por  la normativa  vigente  lo  cual  incluye  instalación  de  campamentos  volantes  e infraestructura necesaria destinada a la ejecución de labores de exploración dentro de una concesión minera.

 

El plazo máximo de este período es de cuatro (4) años y el inicio de dicho plazo estará marcado por la declaratoria que para dicho efecto emita el Ministerio Sectorial.

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