Medios de impugnación en el código orgánico general de procesos

El derecho a recurrir de una resolución judicial es un elemento fundamental de la tutela judicial efectiva y del debido proceso. La Constitución de la República en el Art. 76.7 m) establece garantías básicas del derecho al debido proceso; entre las que se encuentra el derecho de las personas a la defensa que incluye la garantía de «Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos». El derecho a recurrir de fallos judiciales ha sido constitucionalizado; y, entre otras leyes, se encuentra desarrollado por el Código Orgánico General de Procesos. Igualmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el Art. 8.2.h) establece el derecho de las personas a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.-

El derecho a recurrir constituye una facultad de los intervinientes en el proceso y tiene el propósito de corregir o enmendar los errores del juzgador que pronunció la resolución. La legitimación para interponer el recurso la tiene la parte o el interviniente en el proceso que ha sufrido agra-vio en la resolución.- Los elementos anotados determinan la trascendencia del tratamiento de los medios de impugnación en los procesos judiciales.-Este libro contiene el estudio, con apoyo de doctrina y jurisprudencia, de los recursos horizontales: aclaración, ampliación, revocatoria, reforma; y, de los recursos verticales: apelación, de hecho, recurso extraordinario de casación.- Se incluye un comentario sobre nueva visión de la casación en cuanto a que el Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia y esto genera la necesidad de una re definición del recurso de casación. Existe actualmente un marco constitucional específico en su compromiso con la justicia y con la aplicación de valores, principios y derechos. En un Estado Constitucional de derechos y justicia la casación tiene que redefinir su función para garantizar no sólo la correcta aplicación e interpretación de la norma jurídica y la uniformidad de criterios, en un sistema jurídico constitucionalizado, sino sobre todo para garantizar la tutela de los derechos de los justiciables en el caso concreto.