La prueba es una actividad procesal necesaria para encontrar la verdad de los hechos que son materia de investigación o juzgamiento; o también sirve para que el juzgador logre convencerse de las alegaciones de las partes procesales, a efectos de emitirse un pronunciamiento justo, materializado en la resolución o disposición correspondiente. Ello se hace particularmente relevante cuando se pone en juego los derechos fundamentales de la víctima de violencia de género y las personas más vulnerables del grupo familiar.
El presente libro a sido actualizado de acuerdo a las últimas modificatorias, corregido ya sufrió un aumento significativo en su análisis:
(…) Es así, que se ha incorporado las nuevas modificaciones y agravantes que trae la Ley N. ° 30819, ley que modifica el Código Penal y el Código de los Niños y Adolescentes, publicado en el Diario Oficial Peruano el 13 de julio de 2018. En este sentido, se desarrolla de manera precisa modificaciones dichas y agravantes que evocan consigo la Ley N. ° 30819, ya que en anterior oportunidad se había desarrollado con el Decreto Legislativo N. ° 1323, decreto que fortalece la lucha contra el feminicidio , la violencia familiar y la violencia de género. Asimismo, se incorporan a la presente edición jurisprudencias del Tribunal Constitucional peruano y de la Corte Suprema de Justicia de la República, donde se hace énfasis que “los jueces, al momento de aplicar el Derecho en la solución de controversias, y en la medida que son conscientes de las consecuencias de sus fallos, deben incluir la perspectiva de género cuando ello corresponda, a fin de evitar las arbitrariedades que, como sabemos, se encuentran proscritas desde la Constitución ”. Como ya se había establecido en el exordio anterior, es de suma importancia que los operadores de la administración de justicia es decir, jueces o fiscales antes que deban de dictar una resolución o sentencia, deberán tener especial tuición cuando estén frente a casos de violencia de género o familiar- apliquen la perspectiva de género en sus decisiones. Esto es, una visión diferenciada de la tradicional, que comporte el conocimiento de la realidad social en que se encuentran las mujeres y que se lleve a cabo toda actividad judicial con la obligación de la debida diligencia, así como establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido víctima de violencia.
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