Y es que, la delincuencia organizada y otros delitos graves representan una seria amenaza para el desarrollo de nuestro país y de cualquier otro. Sus efectos tienen profundo impacto sobre las estructuras del Estado porque reducen su capacidad para proveer servicios, proteger a las personas y mantener la confianza de los ciudadanos e inversionistas en el gobierno y en la democracia, así como para la aplicación de la ley. […] La persecución y la sanción a la delincuencia organizada debe hacerse respetando el debido proceso, el principio de la proscripción de la arbitrariedad, la presunción de inocencia, la debida motivación de las resoluciones y las decisiones fiscales. En aquella tarea pretendemos contribuir con la presente obra, […] y así, igualmente, a que las primeras actividades de los operadores jurídicos sean válidas en su parte sustantiva, y se transite, luego, por la senda de un debido proceso que haga de la persecución y la sanción, además de eficiente, justa, pero que este último adjetivo derive de un sustantivo de «justicia», entendida, no de «utilitarismo», como el «de someter a otros a menor libertad como medio de aumentar su respeto» sino, por el contrario, de una «justicia» que gire en torno a la persona como valiosa y digna de protección por el solo hecho de serla.
