Delitos contra la administración pública

Sintetizar y dígase ordenar sistemáticamente el análisis dogmático y político criminal de los delitos contra la Administración Pública no es empresa fácil tanto por lo complejo de su descripción criminológica como las diversas perspectivas dogmáticas que se pueden elucubrar al respecto (delitos especiales propios). Es así que se avizora una actualización de estas ilicitudes penales que se perpetran y cometen desde fuera y dentro del aparato público del Estado. En primer plano a saber, aquellos que se cometen por parte de particulares, quienes en un primer momento asumen funciones que la legalidad no les reconoce («usurpan»), ejecutan actos tendientes a impedir que los procesos (administrativos o judiciales) puedan llegar a buen puerto o en lo más grave ejercen oposición a las actuaciones propias de los funcionarios públicos en cumplimiento de la ley o propiamente desacatan los mandatos de las autoridades públicas. Por otro lado, tal vez el complexo más delicado y nuclear de este ámbito de la delictuosidad, es aquellos injustos típicamente funcionariales, en cuanto a delitos «especiales propios» que solo pueden ser cometidos como «autores», por aquellos llamados intraneus cualificados, quienes han de contar con una relación funcional con el objeto material del delito, y así contravenir los principios jurídico-constitucionales que guían la actuación de la función pública en un Estado Constitucional de derecho, en cuanto a la imparcialidad, independencia, objetividad y legalidad sobre la cual deben ejercer sus funciones dichos sujetos públicos cualificados. Contravienen dichos preceptos legales y constitucionales que puedan estar incursos en los delitos de colusión ilegal; peculado doloso o culposo; malversación de fondos; y, negociación incompatible con el cargo. De modo, que aquellos que no cuentan con dicho especial revestimiento funcional no podrán responder como autores. En todo caso como partícipes siguiendo en estricto el principio de «Unidad en el Título de la Imputación», lo cual es objeto de análisis dogmático y político criminal en la presente obra. Figuras delictivas de enorme potencialidad lesiva para con los principios jurídico-constitucionales que guían la actuación pública en un Estado democrático de derecho, de especial incidencia en el contexto del Covid-19, donde no pocos funcionarios aprovechan su privilegiada posición institucional en el aparato público del Estado para gestionar intereses (privados) ajenos a los estrictamente generales, propiciando una defraudación legítima de los comunitarios. Finalmente, lo que se ha querido en la presente monografía, es mostrar a la comunidad jurídica una obra actualizada en lo normativo, doctrinal, dogmático y jurisprudencial. Un tópico tan trascendental, criminológicamente hablando, como son los delitos contra la «Administración Pública»