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El 23 de noviembre de 2015, se promulgó la Ley para Pre-venir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar — Ley 30364, esta nueva legislación incorporó a nuestro sistema jurídico un nuevo proceso especial de tutela con la finalidad de proteger los derechos de las víctimas de actos de violencia.
La ley busca que los operadores de justicia ante un hecho o amenaza de violencia, actúen en forma oportuna, sin dilación por razones procedimentales, formales o de otra naturaleza, previniendo que el proceso se dilate por cuestiones procesales o formales; más aún si también se debe aplicar el principio de sencillez y oralidad; es decir, contar con un proceso de mínimo formalismo. A lo largo de la evolución de nuestro sistema procesal se ha venido prefiriendo procesos mas céleres, con un mínimo de formalidad con la finalidad de resolver controversias jurídicas que ameritan tutela urgente por su propia naturaleza y porque se encuentran protegidas en la Constitución; por lo tanto, un nuevo proceso de tutela para las victimas de violencia bajo la interpretación de sus propios principios resulta relevante y de aplicación conforme a su contexto especial.
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