La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, con 10 votos afirmativos, ninguno en contra ni abstenciones. Esta ley, calificada como urgente en materia económica, busca enfrentar el conflicto armado interno y el auge del crimen organizado mediante un esquema de cooperación entre el sector público y privado.
Objetivo de la Ley
La normativa tiene como finalidad principal desarticular las economías criminales vinculadas a grupos armados organizados mediante medidas económicas, tributarias, penales y sociales. Su enfoque es integral: fortalecer a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, brindar incentivos tributarios a empresas que colaboren y proteger a la ciudadanía afectada.
Incentivos Tributarios
Uno de los pilares de esta ley es la solidaridad económica. Las empresas que donen equipamiento o recursos a las fuerzas del orden podrán obtener créditos tributarios aplicables al Impuesto a la Renta. Además, el Presidente de la República tendrá facultades para otorgar beneficios adicionales.
Reformas Penales
La ley introduce nuevas disposiciones en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), como:
- Clasificación específica para miembros de grupos armados organizados.
- Permisos legales para actuar de forma preventiva, no solo reactiva.
- Indulto anticipado y exclusión de prisión preventiva para policías y militares.
- Faculta a las fuerzas del orden a realizar allanamientos sin orden judicial en ciertos casos.
Protección a víctimas del conflicto
La normativa reconoce el derecho a una reparación integral para las personas y comunidades afectadas, garantizando acceso prioritario a salud, vivienda, educación y justicia. También contempla planes de retorno seguro, programas psicosociales y la protección de defensores de derechos humanos.
Conclusión
La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional busca ser una herramienta efectiva contra la criminalidad organizada que afecta al Ecuador, sin descuidar los derechos humanos ni el respeto al marco constitucional. Combina enfoque punitivo, social y fiscal para restaurar la seguridad y el orden.
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