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Generalidades

¿Qué se entiende por Derecho Penal?

Concepto 1.- Parte del ordenamiento jurídico que comprende las normas de acuerdo a las cuales el Estado prohíbe o impone determinadas acciones, y establece penas para la contravención de dichas órdenes (Etcheberry).

Concepto 2.- Parte del sistema jurídico constituido por un conjunto de normas y principios que limitan el poder punitivo del Estado, describiendo qué comportamientos son delitos, la pena que les corresponde y cuándo se debe aplicar una medida de seguridad (Mario Garrido Montt).

Concepto 3.- Conjunto de normas que regulan la potestad punitiva del Estado, asociado a ciertos hechos legalmente determinados, una pena o una medida de seguridad o corrección, con el objeto de garantizar el respeto de los valores fundamentales sobre los que descansa la convivencia humana (Cury).

Concepto 4.- Medio necesario para garantizar la protección de la sociedad mediante la prevención general y especial de hechos punibles, cuyo objetivo  consiste en la protección de los bienes jurídicos más apreciados contra los ataques más intolerables a los mismos, que en cuanto medio o instrumento, forma parte de un sistema más amplio de control social para obtener determinados comportamientos individuales en la vida colectiva (Luis Contreras Alfaro).

Concepto 5.- Parte del ordenamiento jurídico que determina las características de la acción delictuosa y le impone penas o medidas de seguridad (Welzel).

Concepto 6.- Conjunto de normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder punitivo del Estado; conectando en el delito la pena como consecuencia jurídica (Mezger).

1) Es personalísimo, porque las penas y sanciones van a afectar única y exclusivamente al sujeto considerado responsable directo o indirecto en la comisión de un determinado delito, no transmitiéndose a los herederos la sanción penal (si los efectos de carácter civil). (Ver Art. 93 N° 1 C.P.; y Art. 250 C . P. P. ) .

2) Es punitivo o sancionatorio, porque castiga los actos delictivos, amparando y protegiendo, de esta manera, bienes jurídicos de importancia (no es declarativo de derechos).

3) Se trata de un ordenamiento aflictivo, porque, estable-ce un conjunto de reglas sancionadoras respecto de los más importantes derechos personales del transgresor que se ven afecta-dos a consecuencia de su accionar ilícito. De esta manera, la aflictividad se traduce en que las sanciones penales importan una pérdida o detrimento en los derechos personales del delincuente, como por ejemplo, la vida, la libertad, la propiedad, etc.

4) Es un derecho público. El Estado, en uso de su soberanía, a través del poder legislativo, es el único que puede fijar cuáles son las conductas ilícitas, o sea, cuáles son las infracciones punibles, estableciendo medidas para prevenir y reprimir los delitos. El Ius puniendi (derecho a castigar) es exclusivo del Estado. Los particulares están impedidos de crear derecho penal, es el derecho público quien establece los órganos del Estado, regula la actividad del este último y regula también las relaciones que el Estado tendrá con los particulares. No existe relación igualitario, entre el Estado y el delincuente. Además, el derecho penal de un Estado sólo se aplica dentro del territorio de ese Estado, y a las conductas realizadas dentro del territorio (Ver Art. 19 C.P.R.).

5) Castiga las conductas externas, por lo que es un derecho regulador sólo de conductas externas, castigándose éstas cuando transgreden la ley o el derecho; careciendo de importancia lo que permanece en el fuero interno del individuo. (Las ideas no delinquen). Exteriorizada la conducta delictiva va a cobrar importancia en dos instituciones relacionadas con la culpabilidad y premeditación.

6) Es un derecho valorativo, porque para sancionar elige conductas que tengan un significado importante. Se aquilatan las conductas importantes, no toda actuación va a ser una infracción penal.

7) Es un derecho normativo, pues, el sujeto al cometer un hecho o infracción punible está violando una determinada norma.

8) Es un derecho de carácter fragmentario, porque no cubre todas y cada las conductas ilícitas, realizando el legislador una verdadera selección a objeto de elegir aquellos que revisten especial gravedad, tipificándolos como delitos.

9) Es un derecho accesorio, secundario, porque esta rama del derecho no crea los ilícitos, por el contrario, se limita a elevar a la categoría de delitos algunos de los que consagran otros sectores del ordenamiento jurídico.

10) Es un derecho subsidiario, porque las sanciones pena-les, no son las únicas que contempla el ordenamiento jurídico; existen otras en la gran mayoría de las ramas del Derecho, pero lo que distingue a las penales es el hecho de constituirse en las más drásticas. Atendido lo anterior es que las penas deben aplicarse en aquellas situaciones más graves y sólo en los casos en que las sanciones extra-penales no hubieren sido eficaces. De lo expuesto debe concluirse que las sanciones penales se aplican en subsidio de las demás.

Integran este derecho un conjunto de normas que se encargan de regular los presupuestos y consecuencias de ciertas conductas sancionadas con determinada pena. La pena (y las medidas de seguridad en algunos ordenamientos) viene a ser el elemento común de toda norma jurídico penal. En otras palabras, si se quiere establecer si un precepto forma parte o no del Derecho Penal, hay que averiguar si la infracción del mandato o prohibición contenido en la norma está sancionada con una pena. El objetivo de esta última, en términos muy generales, es que aquel sujeto culpable, autor de un hecho punible, no vuelva a delinquir (prevención especial), que se resocialice, y además, que el castigo sirva de advertencia a los demás individuos que integran la colectividad, a objeto de motivarlos para que no lleven a cabo ese tipo de conductas (prevención general). Así, entonces, la herramienta que utiliza el Derecho Penal, es la pena, una privación o restricción de derechos o bienes jurídicos, impuesta al autor del hecho delictivo por los órganos jurisdiccionales competentes, en calidad de consecuencia jurídica estigmatizadora.

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